Los Pactos de la Moncloa, Covid-19 y el IRPF

Como si de un acertijo se tratara, al título de este artículo le faltaría la pregunta de “en qué se parecen o qué tienen en común” los Pactos de la Moncloa, la crisis provocada por el coronavirus y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, ajeno a todo, vuelve a abrirnos el plazo de la declaración anual.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha retomado el nombre del famoso pacto histórico de las fuerzas políticas, sociales y empresariales que tuvo lugar en 1977 para hacer frente, todos unidos, a una crisis económica que podía llevar al traste a la transición política española, o por lo menos a la estabilidad política y social con la que ésta se quería acometer. Son muchos los logros de ese gran pacto en lo político, pero para los que nos hemos dedicado al Derecho Tributario, la reforma fiscal de 1977 derivada de aquel pacto sentó las bases de la modernización del sistema impositivo y consiguió la armonización de nuestro sistema tributario con el de las democracias europeas. De hecho, sin aquella reforma hubiera sido imposible nuestra incorporación posterior a la Unión Europea.

La reforma de 1977, que contenía entre otras medidas: el levantamiento del secreto bancario; la tipificación del delito fiscal; el establecimiento del impuesto sobre el Patrimonio; la concesión de beneficios fiscales para la creación de empleo; y la regularización voluntaria de los contribuyentes (amnistía fiscal) para hacer tabla rasa y empezar de cero, fue completada por lo que sí supuso un hito en nuestro sistema fiscal: la imposición personal sobre la renta. En efecto, la reforma fue completada por la ley 44/1978 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la ley 61/1978 del Impuesto sobre Sociedades.

Sobre estos dos impuestos, al que se añadió después el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), se sustenta la tributación sobre la renta personal de personas físicas y jurídicas. EL primero de ellos nació como un impuesto personal, subjetivo y progresivo, que haría tributar por la renta global de cada persona y no de forma parcial por cada tipo de renta. Con ello se lograba una aspiración histórica de más de cien años de la Hacienda Pública española, reseñada hasta en las novelas de Benito Pérez Galdós. Aunque han sido muchas las reformas posteriores de estos impuestos, el grado de importancia que ambos alcanzaron en su origen, basado en una sólida construcción técnica y jurídica y, sobre todo, en su compromiso con la justicia redistributiva de aquel momento, parece indiscutible. Se trataba de los Impuestos perfectos para la Hacienda social que exigía nuestra Constitución, y para obtener la recaudación necesaria con la que iniciar nuestro Estado del bienestar.

No obstante, 43 años después, ni España, ni el mundo, ni los desafíos que ahora tiene que acometer una reforma fiscal, se parecen a los de ese momento histórico. Desde luego, nadie discute una imposición personal sobre la renta, pero tampoco que la Hacienda actual, que compite en un mundo globalizado, pueda sustentarse mayoritariamente en los rendimientos del trabajo y en los rendimientos profesionales o empresariales de autónomos y pequeños empresarios. La Reforma de 1977 no podía prever, ni siquiera imaginar, los retos a los que se enfrenta la Hacienda actual. Entre estos retos figuran la deslocalización de los rendimientos de capital, la erosión de las Bases imponibles a través de una planificación fiscal agresiva, el intercambio de información entre administraciones tributarias en los tiempos de la Ciencia de datos, o la tributación de los gigantes digitales, por citar algunos. Dentro de ese debate se sitúa también el de una renta vital existencial. Y ese debate ya estaba abierto, entre otras cosas, por las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial como revolución del mercado de trabajo, independientemente de la crisis actual o del color político del Gobierno.

En cualquier caso, estoy de acuerdo en que para poder salir de la actual crisis desencadenada por COVID-19, también es necesario un gran pacto social y político que permita adoptar las medidas económicas y fiscales necesarias para ello. Pero probablemente se hará desde un prisma coyuntural y parcial, provocado por una crisis sanitaria sin precedentes. Una reforma estructural requerirá más tiempo y deberá ser acometida junto con otros países y con el consejo y el asesoramiento de expertos. De mis estudios de Hacienda Pública, me viene a la memoria la historia de la reforma continua, paciente y silenciosa, como se la suele denominar, de Antonio Flores de Lemus de 1906 a 1936, Catedrático de Universidad y alto funcionario de Hacienda. Flores de Lemus asesoró a todos los Ministros de Hacienda e influyó en todos los Gobiernos, independientemente del partido al que pertenecieran. Sin embargo, ninguna de sus reformas llevó su nombre, como sí lo llevaban las anteriores de los ministros que las propulsaron. Una reforma en profundidad y verdaderamente innovadora solo se puede llevar a cabo desde instancias supranacionales, que tengan en cuenta que la soberanía fiscal hace tiempo que está condicionada por una Hacienda global, aún sin construir. Pero al mismo tiempo es importante que los Gobiernos se dejen aconsejar por expertos universitarios, que como Flores de Lemus asesorarán desde el conocimiento, sin esperar nada a cambio. Para reformar, primero hay que conocer lo que se quiere reformar.

Los Pactos de la Moncloa, Covid-19 y el IRPF

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll hacia arriba
Redimensionar imagen